Durante 10 años, «doña Mary» (nombre ficticio utilizado por motivos de seguridad) se ha dedicado a la venta de tortillas en Chinautla. Su negocio le ha permitido obtener recursos para mantener a su familia. Tras el incremento del precio del maíz y el gas propano, sus ganancias se han visto reducidas considerablemente, no obstante, al no tener otra fuente de ingresos, ha decidido continuar con su tortillería. El comercio pasó de ser rentable a únicamente suplir las necesidades básicas de doña Mary.
A pesar de que su condición económica es conocida en toda la comunidad, durante las últimas semanas ha sido víctima de grupos delictivos que le han solicitado cuotas diarias que ascienden de Q 10 a Q 20 para dejarla «trabajar en paz». «Tengo miedo de estar sola en mi tortillería y ser víctima de violencia por parte de los pandilleros; mis recursos no me permiten suplir lo que solicitan», enfatizó doña Mary.
Como solución provisional a la problemática, doña Mary ha buscado exponerles a los extorsionadores la situación económica que atraviesa, pero los resultados han sido los mismos; sigue obligada a pagar la cuota solicitada. En búsqueda de una resolución oficial, ha realizado las denuncias correspondientes en la Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, no existe una acción contra los grupos delictivos que operan en la zona.
Para Julio Rivera Clavería, exviceministro de seguridad, las extorsiones representan un peligro para la vida a largo plazo, porque al momento de cesar el pago de la cuota solicitada, la respuesta inmediata de los pandilleros es asesinar a la víctima. Convirtiéndose en un problema de seguridad nacional, «que atenta contra uno de los deberes principales del Estado, el cual está comprometido a velar por la integridad de cada guatemalteco».
Otros negocios de extorsión
Esta problemática se ha incrementado porque los grupos delictivos han diversificado a sus víctimas, en la actualidad personas sin negocios se han convertido en blanco de ataque. Como lo afirma Luz (nombre ficticio utilizado por motivos de seguridad), circunvecina de Chinautla, quien ha sido víctima constante de intimidaciones para solicitarle cuotas de dinero en forma de extorsión, «han tocado mi puerta a altas horas de la noche para solicitarme la cuota, pero por el miedo, he preferido no darles la cara».
Según el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) y Seguridad Ciudadana para el 2023, realizado por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) y la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa). Se resalta que en el 2022 se registraron 14 mil 725 denuncias por extorsión, representando un incremento del 11% en comparación al 2021, que registró 13 mil 288.
Ningún negocio escapa de las extorsiones en el país, desde tortillerías, medianas empresas, hasta multinacionales reconocidas, ante esta problemática todos buscan una solución que les permita continuar con normalidad sus actividades. Algunos comercios han optado por la contratación de servicios de seguridad privada, como una alternativa a la seguridad que ofrece la PNC.
Esta alternativa no es factible para todos los comercios, derivado del alto coste del servicio. Para los comerciantes de la economía informal, sus ingresos y ganancias les condicionan el contratar el servicio de seguridad privada; les es imposible, por lo que dejan en manos de la PNC su resguardo. De acuerdo con el último informe presentado por el Ministerio de Gobernación en el 2019, se estima que son 35,843 los elementos acreditados que integran la seguridad privada en Guatemala.
