Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el próximo 20 de enero será la convocatoria a elecciones generales del país, dando paso —permiso legal— a la campaña electoral de los políticos que aspiran a un cargo de elección popular. No obstante, la realidad es otra, diversos personajes con aspiraciones políticas desde hace algunos meses vienen realizando acciones que podrían considerarse como campaña anticipada.
El artículo 94 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) afirma que los individuos que promocionen su imagen antes de la convocatoria oficial de elecciones no podrán ser inscritos como candidatos. Si el TSE fiscalizará lo expresado en esta normativa, varios de los posibles candidatos políticos quedarían excluidos del proceso electoral, no obstante, esta entidad «hace la vista gorda».
Los políticos aprovechándose de las deficiencias de fiscalización del TSE, ofrecen a los guatemaltecos propuestas «perfectas e inigualables» para lograr el desarrollo del país, además de prometer la erradicación —desde la raíz— de la corrupción en las entidades del Estado. Sumado a este eje común de ofrecimientos, algunos «candidatos» afirman que replicaran el modelo de seguridad adoptado por el presidente Nayib Bukele, con el fin de establecer una «nación» segura para todos los guatemaltecos.
Eliminar o reducir impuestos y lanzar una campaña de combate contra las maras, similar a la de @nayibbukele en El Salvador, son algunas de las propuestas de Ricardo Sagastume, proclamado este domingo como candidato a la presidencia por el @TODOSXGT. pic.twitter.com/7pjGL4Kjb6
— Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) October 23, 2022Aparentemente las medidas implementadas por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, son las ideales para mantener el orden de la sociedad. Pero en el trasfondo existen violaciones a derechos inherentes al ser humano, como la libertad de expresión —restricciones a los periodistas, por ejemplo—, adicionalmente, concentra el poder de otros organismos en el ejecutivo, afectando los contrapesos del sistema democrático.
Si en Guatemala se adoptará ese modelo de seguridad, el Estado de derecho se vería más afectado de lo que se encuentra actualmente. Porque el país afronta una crisis de certeza jurídica por la perpetuidad de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sumado a los casos de corrupción que implican al Ejecutivo y a la desconfianza que genera el Ministerio Público (MP) en los guatemaltecos.
Guatemala necesita urgentemente medidas para frenar la violencia en el país, pero estas deben estar en el marco legal que establecen las leyes vigentes de la nación. Porque en caso contrario, podrían ser los inicios de una instauración dictatorial que violente las libertades, como sucede en El Salvador.
